Instructivo Constitucional de Defensa de los Recursos Naturales Cobre, Agua y Litio

Para que los chilenos puedan defender nuestras riquezas y  que a la vez crean en la importancia estratégica de estos recursos naturales y piensen que Chile debe ser dueño de ellas, nacionalizándolas u otras acciones que nos permitan obtener sus extraordinarios beneficios, se puede considerar los siguientes aspectos de este instructivo y argumentar con ellos para  participar en su defensa, comenzando por difundirlos

Por tanto se puede:
1) Aplicar la disposición para nacionalizar el cobre que está vigente en la Constitución del 80. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 3ª.  “La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17 transitoria de la Constitución Política de  1925, continuaran rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución (del 80)” y, que obtuvo Salvador Allende por la unanimidad en el Congreso Nacional, En consecuencia, con un simple decreto supremo, se puede renacionalizar el Cobre como quedo ratificado en nuestra actual Carta Fundamental.
2) Expropiar las instalaciones que están sobre la mina
Lo que está debajo de la superficie, como yacimiento aún no explotado y de acuerdo a la Constitución: “le pertenece  al Estado”.  No cabe ninguna duda, que las minas y yacimientos le pertenecen al Estado chileno, aun cuando las multinacionales pretendan falsamente, en erigirse como sus dueños. Hay que recalcar que, solo son concesionarios. La Constitución señala textualmente en su artículo 19 Nº 24 inc. 5º ‘El Estado tiene el dominio absoluto exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”, jurídicamente en estas condiciones,  ¿de qué se hace dueño el que tiene, un arriendo o concesión minera?, no de la mina misma,  constitucionalmente, sólo puede apropiarse de lo que extrae. Ninguna ley o decreto puede estar por sobre la Constitución, de tal manera que cualquier intento de considerar dueño a un concesionario privado es nulo e irrevocablemente nulo.
3) En cuanto al Litio, el Art.19 Nº 24, señala ” La exploración, la explotación o beneficio de los yacimientos que tengan sustancias no susceptibles de concesión, podrá ejecutarse directamente por el Estado o sus empresas o por medio de concesiones administrativas o contratos especiales de operación….. El litio, de acuerdo a la Constitución, está dentro de las sustancias no concesibles y solo puede ser explotado por el Estado,  por una empresa pública o privada con un contrato de operación y solo para el Estado “de acuerdo a lo que expresa la Constitución “Concesiones administrativas o contratos de operación”, lo que es claramente distinto a operar sólo administrativamente a “como dueño”.
El Estado, siempre será el dueño de los recursos de Litio extraídos  y  por cierto, cualesquiera que sean los requisitos para su explotación fijados, por el Presidente de la Republica, ya sea por una empresa del Estado o por un contrato de operación administrativo de un particular. Nadie puede desentenderse en este aspecto, del mandato Constitucional, que señala que solo puede ser explotado por o para el Estado,
4) Los que tengan un temor subyacente a la renacionalización del cobre, pueden al menos, exigir que éstas empresas paguen los mismos tributos exigidos a Codelco; tal como lo dice la Constitución en los Art. 19 Nº 2, Nº 20 y Nº 22: “…la igualdad ante la ley.
En Chile no hay personas ni grupos privilegiados…” No se puede privilegiar a empresas extranjeras por sobre aquellas del Estado
5) Pero hay más, especialmente frente al comportamiento de las multinacionales del cobre, en que lo que estas quieren, es que esté en juego,  lo establecido en ambas constituciones – 1925 y 1980  y que es una de las propiedades más protegidas constitucionalmente, como son los yacimientos mineros.
Las palabras “dominio exclusivo, inalienable, e imprescriptible” significa que el Estado chileno bajo ningún concepto puede perder el dominio sobre esos yacimientos o minas, ni por ley, sentencia o decreto.
6). Ahora bien, si no se quiere expropiar o nacionalizar, la actual Constitución, abre otro camino administrativo de manera muy clara. El Presidente de la República; está autorizado para cancelar la Concesión Minera, de acuerdo a nuestra Constitución. El Art. 19º Nº 24 señala: “…la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento…”.  No se trata de dar trabajo solamente como algunos quieren pensar sobre las palabras interés público, sino cumplir con todo el interés social, nacional y regional, en especial sobre un recurso no renovable como son; tributos, renta minera, aprovechamientos de aguas, cumplir normas estrictas medioambientales etc.
7). Cuando el Estado da algo en concesión, esta concesión debe cumplir los mismos requisitos que si lo hiciese el Estado, su dueño. Esta disposición se armoniza aun de manera más clara en el inciso 11 del Nº 24 del Art. 19 que señala
“El Presidente de la Republica podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a exploraciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional”.
Entonces el mantenimiento de estas concesiones explotadas en contra del interés nacional o que no cumplen con un fin público, no es materia de una ley o cambio de la actual Constitución, sino de un simple decreto supremo. Repetimos por su importancia, las concesionarias Extranjeras y nacionales no cumplen con un fin público, cuando no pagan los debidos tributos, deterioran nuestro medio ambiente, o se llevan de mala manera los metales preciosos contenidos en los concentrados de cobre y que es lo que hacen y han hecho en los últimos 30 años.
Por tanto, aquí hay más claridad y eficacia jurídica para recuperar nuestros recursos naturales, que en diversos países que lo han hecho ya en América Latina, como es el caso de Argentina, recientemente con su petróleo y la previsión. Las soluciones de estos países son inobjetables, a pesar de lo que digan personeros  muy desinformados, o bien remunerados por los poderes fácticos extranjeros y nacionales, Quienes privilegian los intereses  particulares,  por sobre los intereses de una nación y que protestan por las nacionalizaciones, aún cuando esos recursos naturales no renovables son explotados, con muy poco,  o sin ningún beneficio, para los países donde están situados esos valiosos minerales, se llaman yanaconas o vende patrias. Valdría la pena que estos predicadores, contrarios a los intereses patrios y su soberanía  y  que no quieren reconocer sus propias legislaciones nacionales a este respecto, recordasen las resoluciones aprobadas en las propias Naciones Unidas, que han señalado y establecido que, ” los países tienen derecho a recuperar sus recursos naturales para su propio desarrollo,
En conclusión, en Chile, recuperar nuestros recursos naturales no es un punto Constitucional, ni siquiera de una nueva ley, sino a penas con un Decreto Supremo, porque ello está perfectamente garantizado, en “la propiedad exclusiva y absoluta del Estado” y  además de ella, está avalada en su legitimidad, repetimos, por  resoluciones aprobadas para todos los países en las Naciones Unidas ya  en 1946.
8) El error garrafal e inconstitucional. La Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de 1982 [LOCCM], de inferior rango a la Constitución, considera dueño de los recursos mineros, a quien se le otorga la concesión de estos. Esta LOCCM va claramente contra el texto de la Constitución Política del Estado y debe declararse constitucionalmente nula.
La reforma constitucional de 1971,  consagró el dominio minero patrimonial del Estado, atribuyéndole a este último una naturaleza y carácter jurídico de exclusivo, absoluto, inalienable e imprescriptible, principio literalmente transcrito en la Constitución de 1980. Lo que deja de manera inamovible, el dominio del estado en los recursos mineros. En la historia constitucional de 1980, el integrante de la Junta militar dejó establecido,” que lo que aprobó por la unanimidad el pueblo de Chile y el Congreso Nacional, no serían los Militares los que derogarían la Nacionalización del cobre”
En este caso, cuando los concesionarios pretenden  atribuirse derechos, que la Constitución reserva expresamente a la Nación chilena, la Constitución  afirma de manera irrefutable, que ninguna autoridad, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse autoridad o derechos que la Constitución no les ha expresamente conferido (ver Art. 7 de la Constitución Política). En esta disposición Constitucional,  queda muy claro, que ninguna ley, decreto o sentencia pueden estar por sobre la constitución y esas resoluciones al margen de ella, son “Irrevocablemente nulas, de nulidad absoluta y las autoridades infractoras deben responder por los daños que se le infrinja al país
9) El DL. 1349 y el Estanco del Cobre.
Nuestra propuesta mínima, para cautelar las riquezas nacionales y obtener el máximo beneficio de ellas, hace exigible al Presidente de la República, que aplique el Art. 18 del DL 1349 de Ley Orgánica de COCHILCO de 1976, que le permite decretar, en el caso de circunstancias extraordinarias determinadas por la ley, el monopolio de la venta del cobre y fijar su precio.
Por tanto, sin problemas legales, se puede aplicar, si hay voluntad política,  el   DECRETO LEY Nº 1349/76 Ministerio de Minería
“Art. 18° Cuando perturbaciones graves en los mercados internacionales, así lo aconsejen, o en situaciones bélicas mundiales que impidan a los productores efectuar normalmente las ventas de cobre en forma compatible con los intereses del Estado, o en situaciones excepcionales que comprometan el interés nacional, el Presidente de la República, previo informe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, del Consejo del Banco Central de Chile y de la Comisión Chilena del Cobre, podrá decretar, sin excepción alguna, el monopolio del comercio de exportación del cobre chileno y de sus subproductos. El monopolio deberá dejar a salvo el cumplimiento de los contratos de venta vigentes a la fecha de su establecimiento y que resulten afectados por éste”.
“El decreto supremo que establezca el monopolio será fundado, señalará el plazo de su duración con sujeción a lo dispuesto en el inciso siguiente y la entidad que estará a cargo de su ejercicio”.
“El plazo de duración del monopolio no podrá ser superior a un año, pero podrá renovarse por igual término, por decreto fundado, previo informe de los organismos a que se refiere el inciso primero”.
“En virtud del monopolio, la entidad encargada de su ejercicio deberá vender por cuenta del propietario, y en conformidad a las normas que al efecto se establezcan por el Presidente de la República, el cobre y subproductos que deban exportarse.”
10) Por todos los antecedentes anteriormente expresados y los últimos antecedentes  de los casos Penta y SQM, nos permiten permite razonar, que no solo se carece de voluntad política, dictando solo un decreto, para cautelar por nuestra soberanía económica y minera, sino que se desprende, desgraciadamente con mucha fuerza, que todo el aparato legal minero, ha sido manipulado , financiado y sobornado, para impedir que se  rescaten esos valiosos recursos, que hemos entregado por nada, gratuitamente, lo que nos habría permitido construir una sociedad más justa para todos .
Jorge Lavandero.
Santiago, 19 de junio del 2015